[1] Es importante aclarar que nosotros hacemos alusión a la materia que nos ocupa, es decir, la justicia militar en estos términos o bien con la denominación de jurisdicción militar. Aun cuando es necesario señalar que, a nuestro juicio, no es posible hablar de una jurisdicción militar sin más, en tanto que ello supondría la existencia de otra jurisdicción además de la ordinaria,  la misma que como todos sabemos es una y lo que en realidad vienen a ser los tribunales militares son instancias judiciales creadas a partir de una especialización en razón de la materia.

Otro cuestionamiento es el que recae sobre la denominación “justicia militar”. Como quiera que el valor justicia inspira de por sí el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, aludir a una justicia civil, penal, laboral o militar, por citar algunos ejemplos, puede conllevar a la equívoca idea de encontrarnos ante diferentes tipos de justicia en virtud de la materia sobre la que verse un determinado proceso.

A pesar de los reparos existentes con ambas denominaciones se insiste en su empleo, toda que vez que se encuentran arraigadas tanto en la doctrina como en la misma legislación y no pretendemos llevar al lector a innecesarias confusiones, lo cual no obsta para no perder de vista estas precisiones.

[2] Sobre cada uno de los temas aquí señalados, así como respecto de otros no mencionados en esta ocasión, ya hemos intentado pronunciarnos con más detalle en diversos trabajos. Puede revisarse entonces nuestra posición al respeto en nuestra compilación intitulada La Reforma de la Justicia Militar. Estudios críticos de la experiencia peruana y comparada. Lima: Jurista Editores, 2004.

[3] Modelos que por cierto han sido descritos en diversos trabajos sobre la materia que hoy nos convoca, entre ellos podemos mencionar: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Lineamientos para la reforma de la justicia militar. Serie Informes Defensoriales. Informe N° 6. Lima, marzo de 1998, p. 9 y ss; HERRERA VÁSQUEZ, Ricardo. Función Jurisdiccional. Lima: Academia de la Magistratura, 2000, p. 26 y ss; GIL GARCÍA, Olga. La Jurisdicción Militar en la Etapa Constitucional. Madrid: Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales, 1999 p. 28 y ss; entre otros.

[4] Países como Bélgica, Portugal, Holanda, Suiza, Grecia y de buena parte de América Latina han acogido también este modelo.

[5] Será la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar la que se encargue de crear dicha Sala al interior del Tribunal Supremo Español en los siguientes términos:

“El artículo 55° de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, quedará redactado como sigue:

El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas:

-          Primera: De lo Civil.

-          Segunda: De lo Penal.

-          Tercera: De lo Contencioso-Administrativo.

-          Cuarta: De lo Social.

-          Quinta: De lo Militar, que se regirá por su legislación específica y supletoriamente por la presente ley y por el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo”.

[6] Es como consecuencia del caso seguido contra Renzo Renzi y Guido Aristarco ante la jurisdicción militar, que se comenzaron a introducir importantes cambios en la justicia militar italiana. Ambos eran periodistas con licencia ilimitada que escribieron un artículo sobre la labor realizada por las Fuerzas Armadas italianas en Grecia durante la Segunda Guerra Mundial y se les acusó de “vilipendio delle Force Armate”.

En 1979, el Partido Radical reformuló una propuesta de referéndum con el objeto de eliminar el ordenamiento militar. En una anterior oportunidad, dicha propuesta fue rechazada por la Corte Constitucional, es por ello que en dicho año centraron su propuesta en la composición de los órganos judiciales. Dicha iniciativa se aceptó y la fecha en que se haría efectivo el referéndum sería el 10 de Febrero de 1981. E 7 de Mayo de 1979 se dictó una ley que buscó innovar la impartición de justicia en materia militar con especial referencia a la independencia de sus magistrados. Los alcances de estas modificaciones excederían los fines de este trabajo. Sobre el particular: GIL GARCÍA, Olga. “La Jurisdicción Militar...”. Op. Cit., p. 33.

[7] Respecto del modelo norteamericano y sus características, sobre todo en lo que se refiere al control por parte de los tribunales ordinarios sobre dicho fuero puede revisarse: MAYERS, Lewis. El Sistema Legal de los Estados Unidos. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1969, p. 473 y ss.

[8] Entre otras características, en el modelo británico los sujetos que pueden ser juzgados por tribunales castrenses sólo pueden ser los militares en actividad y reservistas. Además, la rigurosa delimitación de las competencias de las cortes marciales y el hecho de que ninguna pena impuesta por un Consejo de Guerra se considerará válida ni se ejecutará si no se confirma por la autoridad superior, son otros de los rasgos que muy sucintamente podemos aquí reseñar respecto de esta fórmula. Véase: DEFENSORÍA DEL PUEBLO. “Lineamientos para...”. Op. Cit.,  p. 11. A mayor abundamiento recomendamos también revisar: MAYERS, Lewis. “El Sistema Legal...”. Op. Cit.,  p. 474 y ss. Países como Irlanda y Canadá también se encuentran bajo este modelo.

[9] En 1894 se plantean los primeros cuestionamientos al ejercicio de la jurisdicción militar como producto de las injusticias cometidas por sus miembros, por su falta de tecnicismo e independencia. Primero fueron 32 las proposiciones presentadas que conllevaban a la eliminación de los Consejos de Guerra. Ello, por la revuelta social que suscitó el caso “Dreyfus”.

Pero van a ser básicamente la descolonización de África y la Segunda Guerra Mundial, los acontencimientos que hicieron evidente el carácter excepcional de la justicia militar, al ser el mando militar el que se encargaba de designar a los integrantes de estos tribunales. Surgen grupos antimilitaristas y luego, por los años setenta, muchos partidos políticos recogen dentro de sus propuestas precisamente la supresión de la justicia militar,  lo que se pone en práctica a través de la  mencionada Ley de 1982. Léase al respecto: GIL GARCÍA, Olga. “La Jurisdicción Militar...”. Op. Cit., p. 28-33.

[10] Según el artículo 96° de la Ley Fundamental de Bonn:  “(2) La Federación podrá crear tribunales disciplinarios militares, con carácter de tribunales federales, para las Fuerzas Armadas. Estos no podrán ejercer la jurisdicción criminal más que en el caso de la defensa, así como sobre  miembros de las Fuerzas Armadas que hubieren sido enviados al extranjero o estuvieren embarcados en navíos de guerra. La reglamentación se hará por ley federal. Estos tribunales se hallarán bajo la competencia del Ministro Federal de Justicia. Sus jueces numerarios deberán estar habilitados para el ejercicio de la judicatura”.

[11] Esta distinción la encontramos en: GARCÍA BELAUNDE, Domingo. La jurisdicción militar en América Latina (La unidad de jurisdicción en algunos países del área). En: Revista Jurídica del Perú. Año XLVII, N° 13. Trujillo: Normas Legales, Octubre-Diciembre 1997, p. 121 y ss; así como en: ETO CRUZ, Gerardo. La Justicia Militar en el Perú. . Trujillo: Empresa Editora Nuevo Norte S.A. Enero 2000, p. 49.

[12] Sobre la experiencia argentina recomendamos revisar: BIDART CAMPOS, Germán. El status constitucional de las Fuerzas Armadas en Argentina. En: BIDARt CAMPOS, Germán  Y PALOMINO MANCHEGO, José (Coordinadores). Jurisdicción Militar y Constitución en Iberoamérica. Libro Homenaje a Domingo García Belaunde. Lima: Grijley, 1997, p. 37-58, y en especial p. 50; BIDART CAMPOS, Germán. Los Tribunales Militares y la Constitución. Buenos Aires: Ediar, 1984; SAGÜÉS, Néstor Pedro. La Jurisdicción Militar en Argentina. Revisión de sus decisiones por la Justicia Federal. En: BIDARt CAMPOS, Germán  y PALOMINO MANCHEGO, José (Coordinadores). “Jurisdicción Militar...”. Op. Cit., p. 64-65; entre otros.

[13] MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al proceso civil. Bogotá: Temis. 1996.

[14] Este derecho, pues, justo es decir, trasciende del proceso jurisdiccional pues puede ser invocado tanto en procedimientos administrativos como en relaciones corporativas entre particulares. Recomendamos a este respecto revisar: ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, Eloy. Debido Proceso en procedimientos administrativos: su viabilidad y las experiencias peruana y mundial sobre el particular. En: Revista Jurídica del Perú N° 18. Trujillo: Normas Legales, 2001; también recogido en su compilación intitulada Jurisdicción Constitucional Impartición de Justicia y Debido Proceso. Lima: Ara Editores, 2003; QUIROGA LEÓN, Aníbal. El Debido Proceso Legal en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Lima: Jurista Editores, 2003.

[15] La ejecutividad implica que el acto administrativo resulta exigible y debe cumplirse desde el momento mismo de la notificación. Ello es consecuencia del hecho de que el acto administrativo es obligatorio en sí mismo en tanto se encuentra revestido de una presunción de validez, es decir, se concibe que, en principio, ha sido dictado de acuerdo a Derecho y por lo tanto resulta exigible y de obligatorio cumplimiento, aún así el afectado lo cuestione. Mientras que la ejecutoriedad del acto administrativo comprende aquella capacidad de la Administración para hacer cumplir tales actos administrativos sin necesidad de recurrir a ninguna otra entidad estatal a tal efecto. No es necesario que vaya al órgano judicial para que le reconozca tal derecho y le autorice a ejecutarlo. A mayor abundamiento sobre el particular léase: DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Octava edición. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2000, p. 262 y ss; PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Tomo I, Parte General. Madrid: Marcial Pons, 1989, p. 143 y ss.

[16] La gran mayoría de la doctrina conviene pues en distinguir lo que puede ser un derecho penal militar frente a un derecho disciplinario militar. En ese orden de ideas se sitúan: SAGÜÉS, Néstor Pedro. “La Jurisdicción...”. Op. Cit.,, p. 65; el profesor rosarino circunscribe el primero al escenario jurisdiccional, y el segundo en la esfera del Ejecutivo; BIDART CAMPOS, Germán. “El status constitucional...”. Op. Cit.,  p. 45.

[17] Cuando la decisión administrativa al culminar el correspondiente procedimiento no resulta favorable a los intereses legítimos o derechos de los administrados, éstos pueden impugnarla ante el Poder Judicial con el fin de que se revierta la decisión asumida en sede administrativa. De esta manera, el administrado tiene la posibilidad de enfrentar a la Administración debido a que ésta ha vulnerado o negado su derecho al actuar negligentemente, erróneamente o hasta arbitrariamente. Y a su vez así, logramos compensar el hecho de que en un procedimiento administrativo es la propia Administración la que decide la petición o reclamo con el derecho a un proceso en igualdad en condiciones por parte de los administrados en el escenario jurisdiccional. Léase al respecto: GONZÁLES PÉREZ, Jesús. Ley de la jurisdicción contenciosa-administrativa (jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional). Madrid: Civitas, 1992; FERNÁNDEZ TORRES, Juan Ramón. Jurisdicción administrativa revisora y tutela judicial efectiva. Madrid: Editorial Civitas S.A., 1998, p. 51 y ss.; entre otros interesantes trabajos sobre el particular.

[18] Resulta oportuno mencionar en este punto, cuatro notas que se consideran como referentes básicos para hablar de un Estado de Derecho. Así pues éstas son:

a) Imperio de la ley: ley como expresión de la voluntad general. Aunque, debiera entenderse también como la supremacía constitucional, en tanto norma fundamental a la cual deben ajustarse los diferentes actos de poder.

b) División de poderes: Se refiere, en principio, al legislativo, ejecutivo y judicial (aunque hoy en día, como ya dijimos, hablamos más de una distribución de funciones, con ciertos niveles de coordinación entre ellas sopesando los comúnmente y mal llamados “Poderes del Estado”). En rigor, el control y la limitación del poder es un elemento insoslayable dentro de todo Estado de Derecho.

c) Legalidad de la Administración, es decir, su actuación según lo que mande la ley (Principio de Legalidad) y suficiente control judicial de los actos de la Administración. Sobre este punto, voces autorizadas de la doctrina plantean la inexistencia de espacios que escapen al control de legalidad, para lo cual afirman que incluso el ejercicio de potestades discrecionales configuran un escenario de sometimiento al principio de legalidad, en tanto comportan si bien una estimación subjetiva de la propia Administración, esta estimación no constituye una facultad extralegal. Por el contrario, deriva del hecho de haber sido llamada expresamente por la ley que ha configurado tal potestad y se la ha atribuido a la Administración con esa característica. A mayor abundamiento: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Tomo I. Madrid: Editorial Civitas, 1986, p. 409 y ss.

d) La vigencia de los Derechos y libertades fundamentales: la garantía jurisdiccional formal y la efectiva realización material, constituyen los presupuestos básicos para un pleno respeto de los derechos fundamentales.

En un correcto entendimiento de esos cuatro elementos esenciales podrá, en efecto, resumirse el concepto de Estado de Derecho. Léase sobre el particular: DÍAZ, Elías. Estado de Derecho y Sociedad Democrática. Madrid: Taurus, 1969,  p. 31 y ss.