CALIFICACIÓN REGISTRAL DE DOCUMENTOS JUDICIALES EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA REGISTRAL DEL ESTADO PERUANO

Fernando Jesús Torres Manrique *.

SUMARIO: 1. Importancia del tema.- 2. Calificación registral de documentos judiciales.- 3. Posibilidad de interponer recursos en caso de reiteración del mandato judicial de practicar una inscripción previamente negada.- 3.1. El segundo párrafo del Art. 2011 del Código Civil de 1984.- 3.2. Directiva No. 002-2000-SUNARP-SN, publicada el 31-05-2000.- 3.3. Jurisprudencia registral.- 3.4. Artículo 4 del TUO de la LOPJ.- 4. Problemas surgidos hasta el momento en la calificación de documentos judiciales.- 5. Aspectos penales.- 5.1. Delitos que pueden cometer los registradores cuando califican documentos judiciales.- 5.2. Delitos que pueden cometer los magistrados cuando ordenan inscripciones.- 5.3. Propuesta.- 6. Jurisprudencia Registral seleccionada de la Oficina Registral de Lima y Callao. Tomo X.- 6.1. Página 24.- 6.2. Página 56.- 6.3. Página 64.- 6.4. Página 100.- 6.5. Página 131.- 6.6. Página 148.- 6.7. Página 162.- 6.8. Página 165.- 6.9. Página 197.- 7. Marco legal.- 7.1. Constitución.- 7.2. Ley Orgánica del Poder Judicial.- 7.3. Normas aplicables del Código Procesal Civil.- 7.4. Normas aplicables del Código Civil.- 7.5. Normas aplicables del Código Penal.- 7.6. Normas aplicables de la Ley 26366.- 7.7. Normas aplicables del Reglamento de las Inscripciones.- 7.8. Normas aplicables de la Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.- 7.9. Jurisprudencia del Tribunal Registral aplicable al caso.- 7.10. De que forma nos sirve para explicar nuestro caso.- 8. Bibliografía.-

1. IMPORTANCIA DEL TEMA

La calificación de documentos judiciales, es un tema importante, por lo siguiente:

1)   Muchos jueces en el Perú^([1]) no tienen conocimientos de Derecho Registral^([2]) y utilizan estas frases: “los reglamentos registrales^([3]) son normas internas del Registro, por tanto, no le obligan al Magistrado a conocerlas, a respetarlas, ni a cumplirlas”, “las decisiones judiciales no son materia de calificación registral y no pueden observarse, conforme al art. 4 de la L.O.P.J.”, “la sola observación registral a la decisión judicial constituye desacato y merece ser sancionado penalmente”, “el Registrador no tiene otra alternativa que inscribir sin observaciones de ninguna clase por ser una decisión judicial”, entre otras.

2)   Para que la orden judicial llegue al Registro transcurre mucho tiempo, incluso años, a diferencia de la compra-venta que pueden ser horas, o menos de una hora^([4]).

3) Falta de conocimiento en nuestro medio de las ventajas del Registro^([5]).

4) En el Perú las inscripciones no son convalidantes, por tanto, si un proceso judicial no se ha seguido en contra del propietario existe un vicio que el registro no convalida, no lo sana ni lo cura, por tanto, debe publicitar que es una inscripción forzada, para no inducir a error a terceros y no dejar de publicitar las ligerezas de algunas inscripciones forzadas.

5) En el Perú los señores Fiscales formulan denuncia muchas veces cuando no corresponde hacerlo y los señores Magistrados aperturan instrucción cuando corresponde archivar, problemática que es materia de estudio^([6]) y con el cual se acredita que entre el 60 y 70% de denuncias no debieron haberse  formulado ni tampoco se debió haber aperturado instrucción.

Este defecto del Sistema Judicial Peruano es utilizado por algunos Abogados y litigantes para intimidar vía apercibimiento y requerimientos a los Registradores para que inscriban o en caso contrario se los denuncie al Ministerio Público.

            6) Los registradores públicos no son empleados de los Jueces.

7) La existencia de ciertos funcionarios que están exentos del deber de obediencia, entre ellos los que realizan tareas eminentemente técnicas y que en cuanto a su desenvolvimiento en su calidad de expertos, no se encuentran sometidos a la recepción de órdenes^([7]), entre ellos consideramos incluidos a los Registradores y a los Integrantes del Tribunal Registral, y por ello estarían exentos del deber de obediencia respecto a los Magistrados.

      Para aclarar lo indicado plantearemos dos supuestos dejando a un lado los aspectos teóricos y legales:

-) Un Ingeniero celebra un contrato para construir un edificio de 20 pisos y luego del estudio de suelos determina que no es posible construir el mismo por el terreno en el que se pactó construir dicho edificio, no soportará 20 pisos, esto le comunica al propietario del terreno y finalmente no construye el edificio. Como no cumple con construir el edificio es demandado para que lo haga y el Ingeniero pierde el proceso judicial, luego el Juez le ordena que construya el edificio bajo apercibimiento de ser denunciado por  resistencia a la autoridad, y el Ingeniero no cumple. En este caso el Ingeniero  (al igual que en el caso del Registrador) no comete delito, sino que sus conocimientos de experto le han aconsejado que construir (cumplir la orden judicial)  será perjudicial no sólo por los gastos en vano, sino por que además se expondrán a peligro las construcciones vecinas y a sus ocupantes y también a las personas que circulen cerca de la construcción, como a los mismos trabajadores contratados como albañiles.

-) Un Médico celebra un contrato para aperar a un paciente del corazón, pero luego de realizar los estudios clínicos correspondientes (análisis de sangre, verificación del pulso, presión sanguínea, entre otros), determina que no es posible operarlo por el momento, y primero es necesario que el paciente se estabilice, por que si lo opera el paciente no resistirá la operación y morirá durante la misma. Al igual que en el caso anterior  es demandado para que lo opere y pierde el proceso judicial, luego el Juez le ordena que lo opere y el médico no cumple con operar al paciente. En este caso el médico no comete delito, por que sus conocimientos de experto le han aconsejado que operar significa reducir el tiempo de vida del paciente hasta la operación, y que las operaciones no son para ello sino para aliviar de males a los enfermos, es decir, significaría someter al paciente a una operación que el médico sabe que no va a ser un un éxito.

2. CALIFICACIÓN NEGATIVA DE LOS DOCUMENTOS JUDICIALES

En el Perú la calificación de documentos judiciales puede tener los siguientes resultados:

            -) Registración.

            -) Observación.

            -) Tacha.

            -) Solicitar aclaración con un Oficio al Juzgado.

1) Algunos Registradores inscriben el Título por el requerimiento o apercibimiento del Juez, incluso cuando no se demanda ni se cita al Titular registral, y dejan constancia de tal hecho en el asiento de inscripción correspondiente; para publicitar las circunstancias en que se extendió dicha inscripción y no dejar de publicitar la ligereza de la misma.

Algunas empresas del Sistema Financiero no aceptan otorgar créditos garantizados con hipoteca sobre fincas que en su correspondiente partida registral obre la circunstancia indicada en el párrafo anterior.

2) Alguna vez en el Registro califiqué un documento judicial y tenía muchos defectos  (no se había citado al titular registral, entre otros), solicité al Señor Juez la aclaración correspondiente, y éste a pedido del abogado patrocinante casi me denuncia, por tanto, practiqué la inscripción dejando constancia de dicha circunstancia en el asiento de inscripción.

Luego tomé conocimiento que en mérito a dicha inscripción forzada iniciaron un proceso judicial para lanzar al Titular registral no citado, pero en dicho proceso la constancia que había dejado en el asiento de inscripción sirvió para que su Abogado patrocinante y los Señores Magistrados se dieran cuenta del motivo determinante para haber extendido la inscripción (había sido el apercibimiento del Señor Juez con el que se avasalló al Registrador). Es decir, los mismos Magistrados dudan de la validez y eficacia de las inscripciones forzadas.

3. POSIBILIDAD DE INTERPONER RECURSOS EN CASO DE REITERACIÓN DEL MANDATO JUDICIAL DE PRACTICAR UNA INSCRIPCIÓN PREVIAMENTE NEGADA:

En el Perú no está establecido ningún recurso específico para estos casos, ya que las únicas normas que regulan la calificación de documentos judiciales son las siguientes:

-) El segundo párrafo del art. 2011 del Código Civil de 1984^([8]).

-) Directiva No. 002-2000-SUNARP-SN, publicada el 31-05-2000.

-) La Jurisprudencia Registral.

-) El art. 4 de la L.O.P.J.^([9]) no es de aplicación al caso por lo siguiente:

-) La norma especial prevalece sobre la norma general^([10]).

-) La norma posterior prevalece sobre la norma anterior^([11]).

Sin embargo, es citada constantemente por los Magistrados para intimidar y avasallar a los Registradores, y por ello la menciono.

Esta norma tiene sustento en el párrafo segundo del numeral 2 del art. 139 de la Constitución^([12]).

En contra de la decisión del Registrador se puede interponer recurso de apelación, pero ello no soluciona el problema por que éste no se origina en el Registro ni se soluciona con la Resolución del Tribunal Registral; y en todo caso es un medio impugnatorio del que puede hacer uso el presentante del Título y no el Registro, es decir, no existe en el Perú apelación de oficio y tampoco la posibilidad que el Registrador eleve en consulta el Título al Tribunal Registral u otro órgano.

3.1. El segundo párrafo del Art. 2011 del Código Civil de 1984

No tiene una adecuada redacción y ha originado que muchos Magistrados interpreten dicha norma de manera inapropiada. Lo que se hace notar con la enorme cantidad de apercibimientos y denuncias de los Señores Magistrados y Fiscales respectivamente; y las Resoluciones de los Tribunales Registrales recaídas en documentos de origen judicial presentados al Registro para su registración.

No hace referencia a observaciones ni tachas, ni a obstáculos, y aplicando literalmente la norma sólo contempla tres supuestos de no inscripción:

            1)         Que el Registrador solicite aclaraciones.

2)                 Que el Registrador solicite información complementaria.

3)                 Que el Registrador requiera se acredite el pago de los tributos aplicables.

Termina diciendo: “sin perjudicar la prioridad del ingreso al Registro”

Los motivos de la inadecuada redacción de este artículo son los siguientes.

1)      La Comisión Revisora que propuso la modificación del art. 2011 del C.C. no estuvo integrada por especialistas en Derecho Registral, es decir, no estuvo integrada por Abogados Registralistas.

2)      La modificación de la norma fue efectuada antes de la Ley 26366^([13]), y en dicho tiempo el Registro era distinto, por tanto, quizá se justificaba, en aquel entonces, pero ahora no.

Nos preocupa como puede tener vigencia más de siete años este segundo párrafo que comentamos.

3.2. Directiva No. 002-2000-SUNARP-SN, publicada el 31-05-2000

Esta norma confirma la problemática de la calificación de los documentos judiciales en el Perú, ya que esta norma solamente se refiere al tema de calificación de documentos judiciales; y deja claro lo siguiente:

1)      La aplicación del ordenamiento jurídico debe ser integral por parte de los Registradores  Públicos.

2)      Que el Registrador no incurre en responsabilidad civil, penal o administrativa (C.P., art. 20, numeral 8), cuando se pretenda que se inscriba un pronunciamiento judicial  que afecte a terceros que no forman parte de la relación jurídico material y procesal y éste deniega la inscripción.

3)      Que el plazo de vigencia del asiento de presentación es el mismo que en el caso de títulos que no provienen de sede judicial, que cuando el título proviene de sede judicial.

4)      Que el registrador puede tachar títulos que provienen de sede judicial.

5)      En la calificación de un parte que contenga una resolución  que ordene la inscripción y verse sobre un derecho de posesión, el Registrador bajo responsabilidad deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 2021 del Código Civil^([14])., no haré ningún comentario a este numeral por que ha sido perfectamente trabajado por la Dra. Elvira Martinez Coco y el Dr. Guillermo García Montufar Sarmiento, en la ponencia presentada en el XV Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral llevado a cabo en Guayaquil en el mes de agosto del presente año.

6)      En aplicación del segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil, en la calificación de un parte que contenga una resolución que ordene la inscripción de una posesión que sea incompatible con los antecedentes registrales, el Registrador bajo responsabilidad deberá cumplir con atender a los otros Principios Registrales, tales como el Tracto Sucesivo y demás contenidos en el Libro Noveno del Código Civil^([15]) y a que ninguna inscripción puede causar perjuicios a terceros ajenos a una relación jurídica sustancial y procesal incurriendo en abuso del derecho.

Cuando esta norma entró en vigencia dialogué con algunos Magistrados y afirmaron lo siguiente: “le han otorgado facultades a los registradores para observar mandatos judiciales”. Pero era desalentadora la respuesta que uno les daba, por que: “los registradores siempre han tenido facultades para ello”.

Pensamos que muchos Magistrados aún con esta norma seguirán pensando lo mismo que se indicó en la pagina 2, teniendo ellos como argumento la jerarquía de normas, lo cual nos preocupa.

3.3. Jurisprudencia Registral:

Es abundante la Jurisprudencia Registral existente en el Perú, que confirma las observaciones efectuadas por Registradores a documentos judiciales que contienen órdenes de registración.

Para no extender el desarrollo de estas líneas, ni tampoco detenernos en casos concretos, sólo hemos seleccionado la Resolución del Tribunal Registral No. 031-2000-ORLC/TR publicada el 04-03-2000, por su alcance general e importante aporte doctrinario, que sobre el pronunciamiento emitido por el órgano jurisdiccional respecto a determinada materia controvertida esta Resolución señala lo siguiente:

            “...no pueden ser cuestionadas, directamente o indirectamente en sede registral, correspondiendo en todo caso, a la parte que considere perjudicada , hacer valer su derecho ante el órgano jurisccional competente;”

3.4. Artículo 4 del TUO de la LOPJ

Conforme se detalla en la pagina 6, consideramos que esta norma no es de aplicación a la calificación de documentos judiciales; pero para evitar distintas interpretaciones, es necesario que se modifique la misma aclarando que no es de aplicación a la calificación de documentos judiciales.

A quienes sostienen la aplicación de esta norma al tema tratado, habría que preguntarles que le diríamos al Titular registral de una finca, respecto de la cual se ha inscrito una adjudicación judicial, sin haberlo demandado ni citado en el proceso judicial que originó la misma.

4. PROBLEMAS SURGIDOS HASTA EL MOMENTO EN LA CALIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JUDICIALES

1)      Se ha aperturado instrucción en contra de Registradores que se han negado a inscribir mandatos judiciales aberrantes.

2)      Se han iniciado procesos judiciales de daños y perjuicios en contra de Registros Públicos por inscripciones producto de la insistencia e intimación judicial^([16]).

3)      Los Fiscales al momento de formular denuncias en contra de Registradores utilizan frases como la siguiente: el registrador ante la orden judicial de inscripción no tiene otra alternativa que inscribir sin observaciones de ninguna clase”.

4)      Se  intimida^([17]) a los Registradores cuando observan o tachan documentos judiciales, es decir, cuando hacen su trabajo.

5)      Los Magistrados al ordenar inscripciones que no proceden  cometen delito de abuso de autoridad^([18]).

6)      Los  Registradores en algunos casos inscriben órdenes judiciales cuando están convencidos que no procede la misma.

7)      La sentencia de 11-05-1999 expedida por el Juzgado Mixto de Huancavelica que entre sus considerandos para absolver al Registrador Público ya acusado por el Ministerio Público, dice literalmente lo siguiente refiriéndose a dicho Registrador Público: “...ha actuado en forma errónea, sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto...”

Para absolver también se tuvo en cuenta que el Registrador cumplió la orden judicial^([19]), por tanto, si el Registrador no hubiese inscrito ya habría sido condenado.

8)      Que algunos Abogados creen que el procedimiento judicial es la ventana del Registro, es decir, creen que es la manera de lograr que un título se inscriba  cuando no procede su inscripción.

Digo hasta el momento por que sólo de éstos problemas tenemos conocimiento, y no sabemos que otros problemas se habrán generado, ni tampoco cuantas inscripciones en perjuicio de titular registral no citado ni demandado existen.

5. ASPECTOS PENALES

5.1. DELITOS QUE PUEDEN COMETER LOS REGISTRADORES CUANDO CALIFICAN DOCUMENTOS JUDICIALES

El delito que pueden cometer los registradores cuando califican documentos judiciales son el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

Sin embargo, es necesario precisar que en el caso peruano los Registradores Públicos no pueden cometer este delito debido a que en el Código Penal Peruano de 1991 se prevee y sanciona este delito como delito cometido por particulares y los Registradores Públicos cuando observan o solicitan aclaraciones no actúan como particulares sino como funcionarios públicos.

Quizá al momento de legislar no se tuvo el debido cuidado pero en todo caso es como se encuentra previsto y sancionado el delito en mención.

5.2. DELITOS QUE PUEDEN COMETER LOS MAGISTRADOS CUANDO ORDENAN INSCRIPCIONES

Los delitos que pueden cometer los magistrados cuando ordenan  inscripciones es el delito de prevaricato y abuso de autoridad

El delito de prevaricato se configura en este caso cuando  los magistrados expiden un pronunciamiento en contra del texto claro y expreso de la ley, por ejemplo cuando el mandato de inscripción es una orden de inscripción de una sentencia de prescripción adquisitiva de dominio de territorios de comunidades campesinas, por que conforme a la Constitución Política Peruana los territorios de las comunidades campesinas son imprescriptibles. En este caso el perjudicado es el titular registral.

El delito de abuso de autoridad lo cometen los Magistrados cuando  en su calidad de funcionarios Públicos se exceden en sus atribuciones en perjuicio de un tercero que en este caso sería el tercero registral, por ejemplo cuando se dispone judicialmente la cancelación de un asiento de inscripción cuando no se ha citado al titular registral, ya que si se inscribe sentencia en contra del titular registral se lo debe haber citado en el proceso del cual provenga la orden judicial.

Otro supuesto de delito de abuso de autoridad es cuando a un acreedor hipotecario que tiene asegurado su derecho con una hipoteca inscrita en segundo orden se le pretende concederle derechos por encima de otra hipoteca que se encuentra inscrita como primera hipoteca.

Otro supuesto es el caso de la orden de inscripción de una adjudicación judicial, sin haber citado al titular registral, es decir, en los procesos de los cuales provengan órdenes de inscripción de adjudicaciones judiciales debe citarse necesariamente al titular registral

Otro supuesto sería el caso de cuando se ordena inscribir la sucesión intestada de una persona que ya se inscribió la sucesión intestada.

Otro supuesto es cuando se dispone inmatricular un terreno que ya se encuentra inmatriculado.

Otro supuesto es cuando se dispone inmatricular un terreno que ya se encuentra inmatriculado en parte, por ejemplo se dispone inmatricular un terrreno de 100 metros cuadrados pero de esos 100 metros cuadrados ya corren inmatriculados 50 metros cuadrados.

Otro supuesto es cuando se dispone inmatricular un terreno sin los requisitos de ley.

Otro supuesto es cuando sin precisarlo en forma expresa se dispone duplicar la partida registral.

Otro supuesto es cuando se ordena una inscripción o anotación sin los requisitos de ley, por ejemplo sin cursar el correspondiente oficio.

Todos los supuestos mencionados anteriormente son tenidos en cuenta cuando se reitera la orden de inscripción o de anotación. Por que frente a una orden de registración puede solicitarse la correspondiente aclaración al amparo del artículo 2011 del Código Civil Peruano de 1984.

5.3. PROPUESTA

Luego de haber analizado los delitos que pueden cometer los Registradores Públicos y los Magistrados cuando se trata de calificación registral de documentos judiciales, proponemos que cuando exista negativa a inscribir documentos judiciales se opte por la apelación para que el Tribunal Registral se pronuncie y de esta manera un tercero disponga lo conveniente, logrando de esta manera que no se piense que la negativa a inscribir el documento judicial es injustificada y que no tiene fundamento. Dejando constancia que el procedimiento registral tiene dos instancias a las cuales se denomina instancias registrales.

Dejando constancia que a criterio del suscrito es necesaria una modificación legislativa para que las denuncias penales en contra de los Registradores Públicos por calificar documentos judiciales sólo puedan proceder cuando se ha agotado las instancias registrales. En tal sentido los fiscales no podrán formular denuncias en contra de los Registradores Públicos cuando en la calificación de un documento judicial no ha existido pronunciamiento por parte del Tribunal Registral, igualmente para que los Magistrados no puedan aperturar instrucción en contra de los Registradores Públicos cuando en la calificación de un documento judicial no ha existido pronunciamiento por parte del Tribunal Registral. Incluso sería conveniente una norma adicional en el sentido que corresponde declarar nulo todo lo actuado cuando se atenta contra dichas disposiciones.

Resulta importante precisar que igual trámite consideramos debe ocurrir cuando se ha solicitado aclaraciones al Juzgado por parte del Registrador Público. Sin embargo, es necesario precisar que a nuestro criterio resulta discutible apelar del contenido de un oficio, por lo que es un caso bastante interesante cuando se ha solicitado aclaraciones al amparo del artículo 2011 del Código Civil Peruano de 1984, y el interesado desea apelar ante el Tribunal Registral.

6. JURISPRUDENCIA REGISTRAL SELECCIONADA DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO. TOMO X.

6.1. PAGINA 24.

Resolución Nº 128-2000-ORLC/TR de 03-05-2000.

IMPROCEDENCIA DE INSCRIPCION POR NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL - ACTOS INSCRIBIBLES.

“No procede inscribir una sentencia judicial si el asiento donde constaba inscrito el derecho ha sido declarado nulo en virtud de mandato judicial.

No resulta procedente la inscripción de partes judiciales en la que la resolución incluida no contiene acto inscribible de conformidad con el art. 2019 del Código Civil, así como tampoco contiene el mandato de inscripción, conforme al inciso 4 del artículo 122 y artículo 120 del Código Procesal Civil, no siendo suficiente expresar el mandato de inscripción en el Oficio”.

6.2. PAGINA 56.

Resolución Nº 042-2000-ORLC/TR de 18-02-2000.

INCUESTIONABILIDAD DE PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO.

“Los pronunciamientos emitidos por el órgano jurisdiccional respecto a determinada materia controvertida, así como la interpretación judicial que los sustenta, no  pueden ser cuestionados directa o indirectamente en sede registral, correspondiendo en todo caso, a la parte que se considere perjudicada, hacer valer su derecho ante el órgano jurisdiccional competente.

El requisito de tracto sucesivo establecido en el art. 2015 del Código Civil, debe ser calificado atendiendo a la naturaleza del instrumento otorgado, así tratándose de títulos emanados de sede judicial resulta relevante verificar si el derecho inscrito del titular registral, es decir, la presunción de exactitud con que está investido su derecho ha sido enervado en la secuela del proceso a fin de surtir efectos inscriptorios”.

6.3. PAGINA 64.

Resolución Nº 023-2000-ORLC/TR de 31-01-2000.

FINALIDAD DE LA ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA.

“La anotación preventiva de demanda se extiende para asegurar y cautelar en el Registro el cumplimiento de los fallos judiciales o la eficacia de cualquier derecho real que no puede ser inscrito en forma definitiva, cumpliendo a su vez la función de enervar la eficacia de la fe pública registral de los titulares de situaciones jurídicas aún no consolidadas, reservando durante su vigencia la prioridad del título, ya que los efectos de la inscripción de la sentencia se retrotraerán siempre a la fecha de la anotación preventiva de la demanda”.

6.4. PAGINA 100.-

Resolución Nº 052-2000-ORLC/TR de 23-02-2000.

RECTIFICACION DE AREA.

De conformidad con el sistema del folio real a efectos de inscribir una sentencia de rectificación del área y linderos de un inmueble, que - al existir áreas que se superponen con otras ya inscritas - conlleve un supuesto de duplicidad parcial, se requiere que el Juez de la causa, en base a lo resuelto, disponga el cierre parcial de las áreas que se superponen con el inmueble materia de la solicitud de rectificación.

6.5. PAGINA 131.-

Resolución Nº 031-2000-ORLC/TR de 09-02-2000.

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO.

“Es procedente la inscripción de la venta celebrada por quien no tiene dominio registrado, siempre que haya sido acreditada la continuidad en las transferencias efectuadas anteriormente, dentro del proceso sobre otorgamiento de escritura pública, de acuerdo al principio de tracto sucesivo en el art. 2015 del Código Civil. Asímismo, el verdadero sentido del fallo judicial definitivo se desprende del análisis conjunto del mismo, por cuanto, la parte resolutiva sólo se pronuncia sobre la pretensión incoada, sin embargo, deberá también destacarse  los fundamentos glosados en la parte considerativa de la sentencia”.

6.6. PAGINA 148.-

Resolución No 011-2000-ORLC/TR de 24-01-2000.

RENOVACION DE MEDIDA CAUTELAR.

“No procede la renovación de la medida cautelar de embargo cuando a la fecha del asiento de presentación del título ya ha transcurrido el plazo de caducidad de cinco años contados a partir de la fecha en que el embargo fuera ejecutado, en aplicación del segundo párrafo del art. 625 del Código Procesal Civil, cuyos alcances fueron aclarados mediante la ley 26639”.

6.7. PAGINA 162.-

Resolución Nº 150-2000-ORLC/TR de 23-05-2000.

EMBARGO DE INMUEBLE NO INSCRITO.

Es procedente la inscripción de embargo ordenado en ejecución de sentencia sobre un inmueble no inmatriculado previa verificación de ésta circunstancia.

6.8. PAGINA 165.-

Resolución Nº 166-2000-ORLC/TR de 31-05-2000.

LEVANTAMIENTO DE EMBARGO PENAL.

Es procedente la inscripción del levantamiento de la medida de embargo en mérito a resolución judicial dentro de un procedimiento penal, no constituyendo una exigencia legal que la parte interesada adjunte la copia certificada de la resolución que la declare consentida de conformidad con lo dispuesto por el art. 59 en concordancia con el art. 97 del Reglamento de Inscripciones.

6.9. PAGINA 197.-

Resolución Nº 196-2000-ORLC/TR de 19-06-2000.

ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS - FORMALIDAD DE PARTES JUDICIALES.

Los títulos que versan sobre las acciones de la sociedad anónima no constituyen actos inscribibles en aplicación de lo dispuesto por el art. 92 de la Ley General de Sociedades y art. 50 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los partes judiciales dirigidos al Registro y que contengan copias certificadas deben ser autorizadas por el Secretario de Juzgado y no por el Fedatario del Poder Judicial por cuanto estos últimos autentican y certifican el contenido de las copias a fin de ser utilizados en los trámites ante sus propias entidades.

7. MARCO LEGAL

7.1. Constitución.

El inciso 2 del art. 139 de la Constitución Política del Estado es aplicable al caso.

Art. 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional:

2.- La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional .

Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional  ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni recortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias en trámite ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.”

7.2. Ley Orgánica del Poder Judicial.

El art. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece:

“Art. 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativo, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa que la ley señala.

Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.

Esta disposición no afecta el derecho de gracia.”

7.3. Normas aplicables del Código Procesal Civil:

El cuarto párrafo del art. 123 del C.P.C., que establece:

“La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. Sin embargo se puede extender a los terceros cuyos derechos dependen de los de las partes o a los terceros de cuyos derechos dependen los de las partes, si hubieran sido citados con la demanda”.

7.4. Normas aplicables del Código Civil:

Los artículos del Código Civil que a continuación se transcriben:

“Art. 2011.- Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción, la capacidad de los otorgantes y la validez del acto, por lo que resulta de ellos, de sus antecedentes y de sus asientos de los registros públicos.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplica, bajo responsabilidad del registrador, cuando se trate de parte que contenga una resolución judicial que ordene la inscripción. De ser el caso, el registrador podrá solicitar las aclaraciones o información  complementaria que precise , o requerir se acredite el pago de los tributos aplicables, sin perjudicar la prioridad del ingreso al registro.

“Art. 2013.- El contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez”.

“Art. 2014.- El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinde o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos.

La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro”.

“Art. 2015.- Ninguna inscripción salvo la primera, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane”.

7.5. Normas aplicables del Código Penal.

Art. 376.- El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

Art. 377.- El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehusa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa.

Art. 410.- La autoridad que, a sabiendas, se avoque a procesos en trámite ante el órgano jurisdiccional, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años e inhabilitación conforme al art. 36, incisos 1, 2 y 4.

Art. 418.- El Juez o el Fiscal que, a sabiendas, dicta resolución o emite dictamen contrarios al texto expreso y claro de la ley o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.

7.6. Normas aplicables de la Ley 26366

Art. 3.- Son garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos:

a) La autonomía de sus funcionarios en el ejercicio de sus funciones registrales.

b) La intangibilidad del contenido de los asientos registrales, salvo título modificatorio posterior o sentencia judicial firme.

c) La seguridad jurídica de los derechos de quienes se amparan en la fe del registro; y

d) La indemnización por los errores registrales que correspondan conforme a ley.

7.7. Normas aplicables del Reglamento de las Inscripciones

El primer párrafo del art. 70 del Reglamento de las Inscripciones:

Art. 70.- Sólo en virtud de sentencia firme pronunciada en el respectivo juicio , seguido contra el dueño con derecho inscrito, que declara el dominio adquirido por prescripción conforme a los arts. 871 y 872 del Código Civil , podrá cancelarse el asiento extendido a favor del antiguo dueño.

7.8. Normas aplicables de la Resolución de Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

Directiva Nº 0021-2000-SUNARP-SN, publicada el 31-05-2000, la cual respecto del tema establece lo siguiente:

La aplicación del ordenamiento jurídico debe ser integral por parte de los Registradores Públicos.

Que el Registrador no incurre en responsabilidad civil, penal o administrativa (C.P. arat. 20, numeral 8), cuando se pretenda que se inscriba un pronunciamiento judicial que afecte a terceros que no forman  parte de la relación jurídico material y procesal y éste deniega la inscripción.

Que el plazo de vigencia del asiento de presentación es el mismo que en el caso de títulos que no provienen de sede judicial, que cuando el título proviene de sede judicial.

Que el Registrador puede tachar títulos que provienen de sede judicial.

7.9. Jurisprudencia del Tribunal Registral aplicable al caso.

Se ha seleccionado la Resolución del Tribunal Registral Nº 031-2000-ORLC/TR publicada el 04-03-2000, por su alcance general, que sobre el pronunciamiento emitido por el órgano jurisdiccional respecto a determinada materia controvertida esta resolución señala lo siguiente:

“... no pueden ser cuestionadas, directamente o indirectamente en sede registral, correspondiendo en todo caso, a la parte que considere perjudicada, hacer valer su derecho ante el órgano jurisdiccional competente;”

7.10. DE QUE FORMA NOS SIRVE PARA EXPLICAR NUESTRO CASO

Nos sirve por que luego de revisar todas estas normas llegamos a la conclusión que interpretadas literalmente no pueden solucionar el problema planteado.

Aplicando dichas normas con un criterio de jerarquía llegamos al absurdo que todas las decisiones judiciales deben cumplirse, y por tanto, los Registradores Públicos deben inscribir todo lo que los Magistrados ordenan. Lo mismo sucede en el caso de la jurisprudencia registral citada en la parte teórica.

Nos sirve por que en el tema tratado debemos interpretar las normas en conjunto, sin dejar de lado ninguna norma aplicable al caso.

El tema tratado no es un problema de normas sino de interpretar las mismas de la manera mas adecuada posible

En el caso de asumir un criterio legalista se llega a la conclusión equivocada que todas las decisiones judiciales deben cumplirse. Sin embargo con una interpretación adecuada esto es incorrecto.

Con dichas normas concluimos que el problema planteado no tiene como causa única la redacción y aprobación de normas inadecuadas, sino además el paradigma que todas las órdenes judiciales de inscripción se deben cumplir, el cual existe en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, por tanto, el problema planteado difícilmente podría ser solucionado con una modificación legislativa.

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