Derecho y Cambio Social | |||
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A PROPÓSITO DE LA REFORMA JUDICIAL Hugo Oré Morales*
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La Reforma del Estado que el gobierno está tratando de llevar a cabo es uno de los temas más urgentes en la actual coyuntura de nuestro país y, en el marco de la mencionada reforma, uno de los aspectos primordiales a tratar es la Reforma del Poder Judicial. Tal vez esta última constituya el proceso más amplio de la Reforma del Estado. Se han creado comisiones especiales para que analicen el tema y lleven a cabo de manera urgente la reestructuración judicial. Las quejas de los ciudadanos que motivan la necesidad de implementar mejoras aluden a su carácter disfuncional, a la pobre calidad de las resoluciones judiciales, a la escasa efectividad en el cumplimiento de las mismas, a la excesiva y cansada dilación del procedimiento, a la falta de independencia, a la falta de competencia, a la falta de medios, a la corrupción generalizada en los juzgados y tribunales, donde los valores relacionados a la búsqueda de la justicia y la verdad pueden ser fácilmente contrarrestados por un puñado de dinero. ¿La justicia se aplica por igual a todos? La respuesta es conocida por todos y el análisis de ésta por sí sola sería motivo de numerosos libros. Como es por todos conocido, los problemas que aquejan a la justicia en el Perú son múltiples, pero por doquier se alude -siendo a su vez poco lo que se demuestra- que las deficiencias del sistemas son causadas por la penuria de recursos. Se ha hecho costumbre que las respuestas y requerimientos de las autoridades del Poder Judicial, cuando se dirigen al Poder Ejecutivo, contengan los mismos dos puntos: se pide que dejen de inmiscuirse en los asuntos judiciales, respetando la independencia de poderes, y que asignen mayores recursos para llevar a cabo la Reforma Judicial, pues sin mayores recursos es casi inviable el tema. Esto nos debe llevar a reflexión, porque cuando se habla o discute en relación a la Reforma Judicial, la gran mayoría de entendidos se refiere casi siempre a la falta de recursos como problema principal que aqueja al Sistema Judicial, es decir, solicitar mayor dinero para hacer un mayor gasto. Coincidentemente se solicita mayores recursos cuando la tendencia actual en muchos países es contraria a que el gasto público se incremente. Lo que deben buscar los gobiernos de países en desarrollo, como el nuestro, es utilizar los pocos recursos que tenemos de la mejor manera, es decir, de forma racional y eficiente. Si se pretende satisfacer las diversas demandas de parte de la población, referidas a mayores y mejores servicios como seguridad social, educación, pensiones y justicia, ha de pensarse en mejoras que puedan alcanzarse a través de la mejor administración de los recursos con que se cuenta. Buscamos ser eficaces y eficientes. Es preciso recordar que la eficacia consiste en lograr el objetivo trazado (lo ideal es que se logre con calidad) y que la eficiencia consiste en lograr dicho objetivo al menor costo. Esto es lo que se debe buscar. La mejora de la eficiencia pública es una cuestión de urgencia y de equidad, porque es igual de injusto el fraude fiscal como lo es el derroche de los recursos públicos y la corrupción. Recordemos que el dinero que se gasta no es de las instituciones públicas, sino de los ciudadanos, que son quienes en definitiva financian el aparato estatal. La fácil y recurrente excusa a la actual decadencia y ruina del Poder Judicial es la falta de recursos; como he señalado, esta explicación es esgrimida constantemente por las organizaciones judiciales. Pero hay una pregunta fundamental y de la mayor importancia que debe plantearse: ¿acaso no es posible producir más –y mejor- con los recursos con que contamos? Resulta sintomático que muy raramente se haga referencia a la eficiencia en la provisión de los servicios; este aspecto es un eterno ausente en los debates, foros, seminarios y cuanto encuentro para debatir e intercambiar ideas se realiza. Es importante para los ciudadanos conocer, en primer lugar, en qué situación estamos, de dónde vamos a partir y a dónde queremos llegar con la Reforma Judicial. Esto último puede ser medido conociendo la relación entre los resultados obtenidos y los medios con que cuenta la justicia. Se requieren estadísticas, a fin de conocer en el futuro si con mayores recursos asignados mejoran los resultados o se mantienen igual. Creo ser realista si auguro que esto último es lo que sucederá. Nadie puede negar que una mayor asignación de recursos para mejorar la infraestructura de trabajo (computadoras, redes informáticas, etc) es importante. Claro que lo es, pero no es lo fundamental ni es la solución al problema. Eso puede solucionar una pequeña parte del problema pero no ataca ni soluciona el fondo del asunto. En el mundo de hoy, unas leyes e instituciones eficientes, así como una buena administración de justicia, constituyen un elemento básico para el progreso de toda sociedad y estado moderno. El marco jurídico es indispensable para el mejor funcionamiento de la economía del país. En esto radica la importancia de hacer una reingeniería del Sistema Judicial convirtiéndolo en ágil y dinámico, teniendo como objetivo la calidad de su servicio. Soy escéptico a considerar que el Poder Judicial va a cambiar por el hecho de recibir mayores recursos, por una cuestión fundamental: el Poder Judicial es una institución integrada –como todo ente- por personas; quienes la dirigen son jueces y vocales, quienes la secundan son relatores, auxiliares, asistentes, entre otros, y, mientras estas personas que conforman la institución no cambien en su actitud y comportamiento, dando muestras de rectitud, nada cambiará. Las noticias dan cuenta que el nivel de productividad de los trabajadores se ha incrementado un 9% en los Estados Unidos. ¿Cuál es el nivel de productividad de un trabajador promedio del Poder Judicial? Es conocido que una gran mayoría de las personas que trabajan en la administración de justicia sencillamente no cumplen una parte sustancial del horario de trabajo, es decir, la jornada laboral no se cumple. Tal vez si se cumpliese la producción mejoraría y el servicio sería un poco mejor. Por su parte, mientras los jueces no sean honrados, trabajadores y tengan un nivel de conocimiento y preparación mediano a avanzado que les permita emitir sentencias justas, nada será diferente. La gran mayoría de los jueces, hay que decirlo, carecen de tales cualidades, salvo honrosas excepciones, siempre en penosa minoría. Asimismo, lo moral y ético está de por medio. La formación humana es importante. De nada servirán juzgados y salas bien equipadas, con tecnología de punta y toda clase de facilidades, si el juez, que es quien resuelve a través de sus fallos, emite sentencias en base a intereses diferentes a la Ley y la Justicia. Entonces me pregunto qué utilidad pueden tener los recursos asignados si los magistrados no cambian sus costumbres, si los jueces no tienen una buena formación basada de valores, si actúan de espaldas a la ética. Ese constituye, pues, el objetivo medular de la reforma. De lograrse esto último, tengo la convicción y certeza que el cambio verdadero habrá empezado y que esta institución, nuestro Poder Judicial, recuperará la dignidad que nunca debió perder.
(*) Juez Civil de la Corte de Justicia de Lima
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